Desde su destape en una ya legendaria conferencia de prensa hasta el archivo de su expediente por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hace casi 6 años, el caso CEMIS -por su magnitud, extensión e implicaciones- se ha convertido en el símbolo nacional de la corrupción y la impunidad.
No hay otro caso más emblemático: en 2002 el legislador Carlos "Tito" Afú, entonces de PRD, afirmó en televisión nacional que él y otros de susu colegas había recibido sobornos de 20 mil dólares por dar su voto al CEMIS, un proyecto multimodal en la provincia de Colón. No solo fue una denuncia abierta sin precedentes, sino que hasta enseñó los fajos de billetes frente a las cámaras, y a una ciudadanía atónita.
Y cuando los Magistrados de la CSJ ordenaron archivar el caso en septiembre de 2003, basándose en violaciones al debido proceso, la credibilidad de nuestras instituciones y nuestros políticos tocó fondo. Y esa percepción no ha cambiado.
Ahora, con la reapertura de ese caso por parte de la misma instancia que la puso en el congelador, se abre una oportunidad para lavar un poco la cara de nuestra desprestigiada clase política. Claro, siempre y cuando todos los supuestos "monos gordos" que fueron relacionados a este caso sean sometidos a todo el rigor de la ley.
Y es que después de tantas decepciones, esta es la gran pregunta. ¿Se podrá por fin ajusticiar a los grandes corruptos de este país, al menos una vez?