El gobierno de Ricardo Martinelli al fin parece haberse dado cuenta -por las malas- de las consecuencias que representan el gobernar y legislar a espaldas del pueblo y la opinión pública. La promulgación acelerada e inconsulta de la polémica Ley 30 ha traído una cifra oficial de dos muertos, cientos de heridos (algunos con traumas que los dejarán discapacitados de por vida) y más de 40 millones de dólares en pérdidas.
El propio Martinelli, quien en los días posteriores a los enfrentamientos de Bocas, le echó la culpa a todo el país, incluyendo a los medios, tuvo que pedir perdón cuando se enfrentó cara a cara con los deudos de los fallecidos, y prometerles indemnizaciones y correr con el gasto de los funerales.
También se comprometió a nombrar una comisión que evalúe el pliego de 13 peticiones hechas por los sindicalistas bananeros, y otra que investigue las causas y responsables de pérdidas de vidas y heridos durante la represión en Bocas. Y además, añadió una serie de promesas que nada tienen que ver con el motivo del conflicto, como becas para los hijos de los afectados, bajar el precio del tanque de gas y la energía eléctrica.
En el horizonte se forman los nubarrones de una demanda que presentará en contra del gobierno la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); de manera que el costo para el país de todo este desastre, probablemente lo seguiremos pagando durante años. Esperemos que esta sea una lección aprendida para el gobierno.