Es normal y saludable que una propuesta de reformas a nuestra Carta Magna, suscite discusiones y comentarios de diversa naturaleza. Eso es usual en un sistema democrático, como el que vivimos. Lo que en verdad no cabe en estos momentos son los insultos, las diatribas, las burlas y mucho menos los infundios perversos y desmedidos de algunos ciudadanos y ciudadanas, (por suerte las y los menos), con relación a tan sensible propuesta. Como funcionaria del sector público, con veinticinco (25) años de experiencia en las áreas de administración, finanzas y recursos humanos, no puedo aceptar silenciosamente que se pretenda poner en juicio la competencia, honestidad y lealtad a la nación de los miles de mujeres y hombres quienes como yo hemos desarrollado una labor prístina y de compromiso ético y moral con nuestro país, sin reconocimiento en la mayoría de los casos.
En las propuestas de reformas a la Carta Magna se solicita que el control previo de los desembolsos públicos sea regulado por Ley. Que no tenga rango constitucional. No veo en qué ayuda que la Constitución contemple una norma que debe tomar en cuenta muchas variables a la hora de ser aplicada. El control previo debe obedecer a la realidad de lo que queremos mejorar. A las respuestas que tanto necesitan los que todos los días sufren hambre, dolor y necesidades por la indolencia de quienes prefieren decir y/o escribir lo que sencillamente no es. Lo verdaderamente importante es tratar de resolver, de manera concreta, su frustrante realidad. Seguiremos esperando que el Omnipotente de la Avenida Balboa, refrende en 2, 4, 6 meses o más, los documentos necesarios para poder comprar medicamentos, llevar un camino de producción a donde se necesita, reparar una escuela, construir un centro de salud y dar respuesta a créditos agropecuarios. La espera es agónica en muchos casos, porque los documentos que deben ser de trámite expedito duermen el sueño de los justos en la mente omnibulada del presidente o presidenta del cuarto poder del Estado: la Contraloría General.
