Para estos días se cumple un año de la muerte por envenenamiento del jefe de la Unidad Especial de Investigaciones Sensitivas de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Franklin Brewster.
Hasta ahora las investigaciones se sustentan en la versión de un "testigo protegido" y en una prueba del polígrafo practicado a dos subalternos de Brewster, que permanecen bajo arresto.
El Ministerio Público debe sustentar mejor las sumarias que instruyen, porque el propio fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró legal el arresto de dos agentes de la PTJ, pone de manifiesto algunas deficiencias.
Sin duda que estamos ante un caso difícil, donde se habla de la penetración del narcotráfico para eliminar a un investigador. Esas versiones deben ser confirmadas por los agentes del Ministerio Público y respaldada con una investigación objetiva y con pruebas irrefutables.
Sucede que muchas veces los casos se construyen sobre bases débiles y al momento de una audiencia, la defensa de los encausados hace trizas a la Fiscalía y el jurado dicta un sobreseimiento.
Lo más correcto es que se aclare las circunstancias en que se produjo la muerte del miembro de la PTJ y determinar si hubo o no mano criminal en el envenenamiento de la comida de éste, conllevando luego a su muerte.
Quizás en Panamá nunca ha existido una cultura criminal de ese tipo, pero también hay la realidad de que el narcotráfico ha penetrado muchas instancias institucionales y de la propia sociedad panameña.