La Asamblea eligió nuevo Defensor del Pueblo. Veintiún personas optaron por el cargo y diez fueron luego seleccionadas por la Comisión de Derechos Humanos para la consideración del pleno.
Sólo un candidato, Alfredo Castillero Hoyos, recibió el respaldo de los 7 diputados que integran la Comisión; un panameño de extensa preparación, experiencia y trayectoria en materia de derechos humanos, local e internacionalmente, quien no pertenece ni ha pertenecido en el pasado a partido político. Pero cuando tocó al pleno de la Asamblea decidir, solamente 9 votos, de 78, fueron emitidos a favor de Castillero Hoyos, y 54 diputados favorecieron al ahora Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, quien fungía a la sazón como Director de Migración.
¿Votaron los diputados pensando ante todo en el bien común, con miras a fortalecer la institución, o lo hicieron obedeciendo primordialmente a criterios políticos de conveniencia personal o partidaria? ¿Se siente usted, estimado lector, identificado con el voto mayoritario de los diputados?
La Defensoría del Pueblo ha de velar por la protección de los derechos humanos y las garantías fundamentales de la ciudadanía y de extranjeros bajo jurisdicción panameña. No es poca cosa. Sus facultades en la atención de quejas, investigación y denuncia alcanzan actos, hechos u omisiones de toda la administración pública y de toda empresa, natural o jurídica, que desarrolle un servicio público.
No obstante lo anterior, NO tiene poder coercitivo, coactivo ni jurisdiccional. Para poder efectivamente defender, promover y hacer valer cualesquiera derechos de las personas afectadas, el Defensor del Pueblo no solamente debe ser proactivo y diligente sino, sobre todo, contar con la suficiente fuerza moral y arrestos. Lo anterior presupone, entre otras cosas, capacidad de absoluta independencia.
Vargas ocupó el cargo suplente durante la gestión de Juan Antonio Tejada, por lo que ha de contar con suficiente experiencia. El nuevo Defensor públicamente ha asegurado plena independencia, disposición de trabajar duro y rendir cuentas ante la Asamblea. Ante quien más debe rendir cuentas, y servir, es al pueblo indefenso. El tiempo dirá si se ha prestado un servicio al fortalecimiento institucional y a la causa de promoción y defensa de los Derechos Humanos. Esperemos resultados.
