La muerte y desaparición del padre Jesús Héctor Gallego, hace 38 años, se recuerda hoy, 9 de junio, en Santa Fe, en la provincia de Veraguas.
La fecha hace recordar cómo todavía permanece abierta la herida por las desapariciones de 110 víctimas de la dictadura militar, situación a la que este nuevo gobierno le dará seguimiento para que se aclaren los hechos, aseguró el vicepresidente del Partido Cambio Democrático, Roberto Henríquez.
El también ministro designado de Comercio e Industria manifestó que ese es un capítulo que sigue haciéndole daño a los panameños y que si hubiese habido más cooperación por parte de los gobiernos anteriores, en especial de este último, se pudo haber cerrado el capítulo.
"Por mucho tiempo en Panamá se ha vivido en el silencio por los que fueron responsables de estos hechos, los cuales no han brindado ninguna cooperación para aclararlos", manifestó Henríquez.
La única forma para que se cierre esta herida es que haya perdón, pero para que eso se dé, tiene que haber arrepentimiento y eso sólo se logra conociendo qué paso exactamente con las víctimas de la dictadura, dijo Heríquez.
RESTOS SIN IDENTIFICAR
En el Ministerio Público, después de nueve años, permanecen en la Morgue Judicial 40 cajas bajo candado con 100 restos óseos humanos en el olvido, que aún están sin identificar y que fueron exhumados de fosas clandestinas donde operaban los cuarteles militares de la extinta Guardia Nacional, a partir de 1968, cuando se dio el golpe militar por el desaparecido general Omar Torrijos Herrera.
Las víctimas fueron opositores al régimen dictatorial, quienes a través de los años nadie ha podido identificar.
El anuncio hecho hace un año en el Instituto de Medicina Legal (IMEL) deja también la deuda moral del Estado panameño para identificar cuatro fragmentos de restos humanos que se presume son de personas desaparecidas en la dictadura militar, las cuales serían enviadas a Estados Unidos para la extracción de ácido desoxirribonucleico (ADN) mitocondrial para determinar si una de ellas es del sacerdote Héctor Gallego.
La doctora Terry Melton, quien dirige el laboratorio estadounidense Mitotypyng, una especialista en ADN, no dio respuesta al contrato enviado por el Ministerio Público por lo que las esperanzas de los familiares de las víctimas de la dictadura se desvanecen al no ver hechos positivos.
El director médico del IMEL, José Vicente Pachar, ratificó que no hay una respuesta de la doctora Melton, quien tenía que hacer un análisis de los resultados de las pruebas de ADN que hizo la Comisión de la Verdad y desconocen la razón por la cual no se dio continuidad al proyecto.
El Ministerio Público tendrá que ir a una contratación pública para poder continuar con la identificación de los restos que permanecen en la Morgue Judicial.
Pachar coincide con que existe una deuda moral por parte del Estado en el tema de las víctimas de la dictadura militar, ya que merecen cristiana sepultura. Propuso a la vez un entierro y que se haga un monumento en memoria de las víctimas. Sin embargo, esa moción no es compartida por los familiares de los desaparecidos y asesinados, al no poder identificarse después de nueve años transcurridos la identidad de los restos encontrados en fosas clandestinas.
El Ministerio Público tiene B/.94 mil, dinero que fue depositado en el Banco Nacional de Panamá, para pagar las pruebas de ADN, pero no han dado una respuesta a los familiares de las víctimas de la dictadura para establecer la identidad de las víctimas, informó Maritza Maestre, quien dirige el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (COFADEPA-HG).
Sobre el tema, la fiscal Itinerante de casos de la dictadura, Janette Rovetto, indicó que Panamá debe acatar las normas ratificadas en convenios internacionales en materia de desaparición forzada y hay que dar cumplimiento a lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contenido en el fallo del caso de Heliodoro Portugal, desaparecido y asesinado en 1970, por el cual el Estado fue condenado.
"Todavía estamos en deuda. ¡Qué pena que las familias no hayan tenido recursos, acceso real a la justicia de demandar otros casos más a nivel internacional!", sentenció Rovetto.
También espera que se vea materializada en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un cambio de un criterio que no se ha visto materializado en cuanto al tema de las desapariciones forzadas de la dictadura.
CASOS
La fiscal Rovetto está a la espera del pronunciamiento de la Corte al ser interpuestos tres recursos de incidentes de prescripción por los asesinatos en Sioguí, Chiriquí, ocurridos en 1969, por ser opositores al régimen dictatorial. Las víctimas son: Candelario Torres, Manuel Alberto Díaz y Julio Villarreal. En ese caso, todos los imputados ex miembros de la Guardia Nacional han sido llamados a juicio.
Mientras que el último revés sufrido para los familiares fue la muerte repentina hace tres semanas del ex militar Esperanza Robinson Fuentes, único imputado en el asesinato de Alonso Sabín, desaparecido en Piedra Candela, Renacimiento, Chiriquí, en 1968.
El Tribunal Superior de Chiriquí declaró la extinción de la acción penal y no existe ningún otro procesado.
