La dirigencia tanto del gobierno como de los sindicatos parece estar sorda. Ambas hablan de diálogo, pero nadie cede nada. Así las cosas, la huelga de obreros de la construcción, docentes y personal de la Caja de Seguro Social se mantiene y no se ve una luz al final del túnel.
Las protestas se extienden por todas las provincias. Se afecta el tránsito y con ello las actividades de terceros y, a pesar de ello, no hay un acercamiento.
Diga lo que se diga, las reformas al sistema de seguridad social son necesarias. Afirmar lo contrario es ser irresponsables. El gobierno tiene tres alternativas: mantener la vigencia de las reformas, derogarlas o suspender los efectos de la misma.
El no hacer nada respecto a la crisis que enfrentan las finanzas del Seguro Social sería engañarse. La convulsión social que hoy vive Panamá sería chicha de piña, comparado con el estallido que en siete años provocaría la incapacidad del Seguro Social de pagar las pensiones.
Mantener las cosas como estaban sería responsabilidad de Martín Torrijos, de los políticos de la Patria Nueva, de Genaro López, Saúl Méndez, Andrés Rodríguez, así como los demás dirigentes.
Si alguien tiene una fórmula mágica y realista que supere la propuesta apresurada que presentó el oficialismo, debe ofrecerla, porque la nación entera se lo agradecería.
Hace poco, la dirigencia del Molirena presentó una propuesta, que al principio parecía fuera de lugar, pero conforme se desarrollan los acontecimientos, toma mayor posibilidad. Ellos pedían suspender por el término de algunos meses la vigencia de la ley 17 y en ese período, una comisión integrada por representantes del gobierno, de los sindicatos, empresarios y fuerzas políticas, para que prepararan un nuevo proyecto. De completarse el plazo y no lograrse acuerdo, entraría en vigencia la suspendida reforma.
Frente a esa propuesta, los sindicatos y empresarios deben ser responsables y dejar a un lado la posición del todo o nada porque el país está sufriendo los embates de su propia gente.