Apretado por la crisis global, el gobierno entrante, en asociación con el saliente, acordaron flexibilizar la ley de responsabilidad fiscal, para afectar menos la economía del país.
En la práctica se habla de permitir un déficit del tres por ciento del Producto Interno Bruto, una cifra cercana a los 556 millones de dólares.
Sin embargo, hay que ser cauteloso con el manejo de las finanzas públicas y no retornar al viejo modelo de endeudamiento público que imperó por décadas en Panamá, donde el presupuesto se balanceaba con préstamos, generando un círculo vicioso.
Lo mejor sería dedicar los mayores esfuerzos a inicentivar la iniciativa privada en proyectos, donde el capital panameño promueva empresas que no lleven hacia el exterior las divisas que se generan a lo interno.
Los 840 millones de dólares destinados al Programa de Estímulo Financiero es una de esas oportunidades, pero se debe ser exigente a la hora de otorgar los desembolsos, para evitar que se repitan amargas experiencias como lo sucedido con la Corporación Financiera Nacional (COFINA).
Hay que ser celosos y exigir buenas garantías al momento de los desembolsos, porque son fondos públicos que a la postre son pagados con los tributos de todo un pueblo.