La Defensoría del Pueblo representa para la población panameña una válvula de desahogo de las tensiones que producen la injusticia, el abuso y los atropellos cometidos en contra de los sectores más vulnerables.
Tratar de prescindir de ella como entidad catalizadora del descontento de la sociedad significaría represar una energía poderosa que podría convertirse en un factor de inestabilidad social.
Este organismo es una respuesta a las necesidades de una sociedad indefensa. Su trabajo debe ser apoyado y reforzado con herramientas legales que le permitan ejercer mayor presión sobre los transgresores.
También sirve de apoyo a aquellas personas que no cuentan con recursos para sufragar los gastos de un proceso legal, que muchas veces resulta demasiado oneroso para los sectores populares.
Creemos que para darle mayor preponderancia y eficacia a su labor deben evaluarse las fallas existentes en su estructura y funcionamiento para entonces transformarla en una verdadera instancia defensiva de los sectores menos privilegiados.
Se trata de un avance en materia de derechos humanos, propio de toda sociedad moderna y civilizada que pretende observar un estado de justicia, democracia y libertad. Derogarla podría ser un retroceso a etapas de la historia ya superadas.
Interesante sería que la Defensoría tuviera la facultad de penalizar a los infractores, ya sea a través de procesos administrativos o recibiendo el apoyo de las instancias jurídicas para establecer responsabilidades.
Debemos recordar que las energías sociales deben ser canalizadas de manera prudente para evitar estallidos de violencia, enfrentamientos y situaciones que lleven a la desestabilización de la colectividad.
La Defensoría del Pueblo es una especie de válvula de escape que impide la eclosión de fuerzas negativas. Debe ser dotada de más y mayores herramientas de acción para darle al pueblo la oportunidad de ser beneficiado por la justicia.
