Extrema preocupación ha provocado en todos los niveles de la sociedad panameña el hecho de que los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia hayan emitido un fallo para protegerse.
Esta acción no es más que una barrera protectora contra cualquier intento de investigación de la que sean objeto.
Ante este fallo, no hay manera -ahora- que la Contraloría General de la República pueda recibir denuncias e investigar a ciudadanos que desempeñen funciones de servidores públicos, según lo establecía la Ley 59.
Frente a la percepción ciudadana de la existencia de un alto grado de corrupción en las esferas oficiales, el fallo de la Corte crea más suspicacias de qué algo raro está ocurriendo.
El propio salvamento de voto del magistrado Adán Arnulfo Arjona califica de impropio y contrario a derecho la decisión del máximo tribunal del país.
Quien salvó su voto, existe una percepción negativa.
Es lamentable que no se proyecten buenas intenciones de parte de las más altas autoridades de la República, sobre todo en un momento en que los panameños sueñan con una democracia sana y con las promesas de cero corrupción formuladas por el presidente entrante.
La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo, resalta un viejo refrán, pero la decisión de la Corte Suprema, tira por la borda toda posibilidad de investigar a altas figuras como los propios integrantes de ese Organo Judicial.
La Contraloría es la encargada de fiscalizar las finanzas públicas y si ésta no puede investigar, entonces para qué existe.