Unos 50 ex trabajadores de las empresas "Speed Joyeros" y "Argento Vivo", las cuales operaban en la Zona Libre de Colón, han exigido a las autoridades del Ministerio Público que den la "luz verde" para que se les otorgue el primero de los pagos a que tienen derecho por sus prestaciones.
Los ex empleados de esas empresas, las cuales se dedicaban a la confección de prendas de oro, son representados por el jurista Víctor Martínez y el problema se dio cuando a los dueños de la empresa se les abrió un expediente al vinculárseles con supuestos delitos relacionados al narcotráfico.
Ante ello, Martínez sostuvo que hace aproximadamente 10 años se declaró que los empleados tenían derecho a la sentencia laboral y posteriormente se les pagarían sus prestaciones en un inicio por 350 mil dólares que se secuestraron en efectivo de la empresa.
No obstante, Martínez dijo que desde la gestión de Rosendo Miranda como fiscal primero de Drogas se le "ha dado largas" a ese asunto; y posteriormente, con José Abel Almengor, quien presentó su renuncia al cargo, "le han dado largas al asunto" y ya son dos trabajadoras de las que pertenecían a esas empresas que han fallecido.
Según Martínez, los gastos ocasionados por daños y perjuicios a los ex trabajadores, ya están por el orden de los $1.2 millones, los cuales pueden recuperarse en base a que existen apropiaciones que se hicieron a las empresas por un monto de $40 millones en artículos de oro y demás.
Uno de los afectados, el orfebrero José Felipe Barro, hizo un llamado a las autoridades para que ordenen el pago de al menos los $350 mil que están en custodia del Ministerio Público, porque ya "han sufrido mucho al no contar con recursos para sus subsistencias".
