El fiscal Gerardo Solís aseguró que la primera fase de investigación sobre el caso de supuesta expedición de subsidio escolares en La Palma, Darién, con fines políticos, determina con claridad la comisión de un delito electoral.
Solís advirtió que se pudo comprobar que el 3 de mayo, o sea un día después de las elecciones generales, se cambiaron cerca 207 cheques, lo que representa un elemento sospechoso y blanco de investigación.
El funcionario manifestó que si se trataran de bonos o subsidios a estudiantes darienitas, la pregunta obligada es por qué la discriminación o establecimientos de estudiantes de dos y tres categorías, puesto que las denominaciones de los cheques varían de B/.50, B/.75, B/.90, B/.100 hasta B/.180.
"Pareciera que algunas personas eran más privilegiadas que otras", sentenció Solís.
Sostuvo que este caso específico tiene todas las señales que estos cheques fueron utilizados en política y además eran mecanismos para persuadir o violentar la conciencia de los electores en Darién.
Advirtió que si los beneficiarios eran cerca de 281 estudiantes, porqué se cambiaron cheques con series número 1,000.
Solís puso en tela de duda el profesionalismo y poder de fiscalización del contralor Alvin Weeden, el cual ordenó que dos personas firmaran cheques a nombre de una junta comunal que no existe en lo que denominó "el mundo real en el que respiramos".
Indicó que en toda investigación habrán personas como el contralor, que por sentirse afectadas en una investigación "tirarán basura al abanico para que le rebote a todo el mundo", dijo.