Ante la polémica surgida por la divulgación o no de la partida discrecional, si hay una norma que obliga a los altos funcionarios a rendir un informe sobre sus bienes patrimoniales al concluir su período, de lo contrario serán sujetso de sanción.
En efecto, tanto la Constitución de la República y la ley de Declaración Jurada Patrimonial obliga a los altos funcionarios estatales, como la presidenta de la República, magistrados, procuradores, ministros y demás a presentar ante la Contraloría una Declaración de sus bienes al abandonar el cargo, para cotejar su monto con el reportado una vez entró al engranaje gubernamental.
No obstante el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, cuestionó que dicho informe no sea obligatorio en el aspecto de hacerla pública, a fin que la ciudadanía pueda jugar un papel de auditor sobre dichos dinero.
