Durante la semana que acaba de pasar se dieron escándalos judiciales que no solo han causado revuelo en país, sino que le están dando la vuelta al mundo.
Si se puede reabrir o no, fue el debate entre muchos constitucionalistas y juristas reconocidos con relación al caso del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS), en donde se vinculan a varias figuras políticas del pasado gobierno y del actual, así como diputados que cobraron supuestos sobornos y "coimas" bien jugosas.
Para José Troyano, presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, cualquier ciudadano podía solicitar la reapertura del caso CEMIS. Mientras Troyano decía esto, la Fundación Panameña de Ética y Civismo, junto a un grupo de abogados, entregaba una solicitud a la procuradora Ana Matilde Gómez, en donde solicitaban el reinicio de este proceso. La jefa del Ministerio Público, solicitó después formalmente a la Corte nuevas sumarias en el caso CEMIS.
FUERTES ACUSACIONES
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Winston Spadafora, Aníbal Salas y Arturo Hoyos, acusaron a su colega Adán Arnulfo Arjona de crear un desorden administrativo y burlar la independencia judicial ya que mantuvo trabajando en esa institución a funcionarios de otros Órganos del Estado.
La denuncia de Salas, Spadafora y Hoyos, la remitieron mediante nota al presidente de la Corte, José Troyano. Las anomalías señaladas a Arjona se hacían al mismo tiempo eco en el Ministerio Público, cuando el presidente del Frente Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, presentaba similar denuncia contra Arjona. Estas pequeñas pugnas en la Corte Suprema de Justicia, sólo eran el principio de la tormenta.
La crisis de la Corte llegó a tocar fondo y estremeció hasta los cimientos de la administración de justicia, cuando un día después el magistrado Adán Arnulfo Arjona afirmara con pruebas en mano que sus colegas Hoyos, Spadafora y Salas habían acordado fallos, sentencias y decisiones que dejaban en libertad a narcotraficantes y homicidas, entre otros.
PIDEN LA RENUNCIA DE LOS MAGISTRADOS
Simultáneamente, la APEDE, el Colegio Nacional de Abogados y otras organizaciones de la sociedad civil, solicitaban a través de comunicados la destitución o renuncia de todos los magistrados que conforman el pleno de la Corte, ya que sus actuaciones marchaban la imagen y deterioraban la administración de justicia.
El escándalo de la Corte se mezclaba con la decisión misteriosa del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Cristóbal Arboleda, que confirmaba haber puesto su cargo a disposición del presidente Martín Torrijos.
Mientras que el mandatario Torrijos admitía que los escándalos en la Corte ameritaban unas profundas reformas del sistema de justicia, la procuradora Ana Matilde Gómez le envió una carta al presidente de la Asamblea, Jerry Wilson, en la que le pedía llamar al magistrado Arjona a presentar una denuncia para iniciar una investigación en la Comisión de Credenciales contra los magistrados.
Inicia una nueva semana, y con ella podría iniciar el cambio en el Órgano Judicial.