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Muertes que no deben ocurrir

James Aparicio ([email protected]) | Periodista

Las muertes de dos niños y un adulto en el Casco Antiguo por el derrumbe de un viejo alerón con más de 100 años, mal reconstruido y con un pésimo mantenimiento retratan una vieja y ruinosa realidad del corregimiento de San Felipe y de la zona considerada "patrimonio histórico de la humanidad".

El Casco Viejo está lleno de ruinas. De las 850 fincas y 830 edificios, unos 110 están abandonados por sus dueños y menos de 40 han sido reconstruidos.

Se estima que 20 edificios serán reconstruidos por año para alojar turistas, gente adinerada y extranjeros o para restaurantes y tiendas de artesanos.

En la tragedia de Catedral hay mucha gente y entidades públicas y privadas involucradas. Unos de forma directa y otros porque vieron y callaron o simplemente no hicieron lo que la ley les obligaba.

Para que no ocurran más muertes tiene que producirse una ofensiva legal, privada y estatal que involucre a los ministerios de la Vivienda, Desarrollo Social, Gobierno y Justicia, Sinaproc, Oficina del Casco Antiguo, Municipio de Panamá, Cámara de Comercio, la CAPAC, la SPIA, y las iglesias que prestan servicios en la zona antigua de la capital.

En el Casco Viejo, un 89% de las propiedades son privadas, muchas de ellas en alquiler al gobierno o a particulares y otro 11% son del Estado.

La Presidencia de la República, el FIS, el Consejo Municipal, el Teatro Nacional, el Palacio Municipal, la Cancillería, el Ministerio de Gobierno y Justicia y el INAC compiten con los pocos edificios reconstruidos y decenas de estructuras viejas, feas y deterioradas por el tiempo o el descuido de sus propietarios.

¿Habrá que esperar otras muertes para decretar un estado de emergencia en Catedral, sancionar con severidad a los que especulan con los precios y violan la ley?.



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