Por segunda vez en lo que va de la actual administración, un ex presidente de la República es indagado por el �rgano Judicial en un caso de corrupción.
Dos días atrás, funcionarios del despacho del Magistrado de la Corte Suprema, Alejandro Moncada Luna, acudieron a la residencia del ex mandatario Martín Torrijos, para notificarle oficialmente que debe declarar en el episodio de corrupción más sonado de la última década: el caso CEMIS.
La respuesta de Torrijos, quien se encuentra en Argentina, vino a través de un comunicado en el que asegura que está siendo perseguido políticamente por la administración de Ricardo Martinelli, la cual está tratando de hacer un "espectáculo mediático" en su contra.
Si bien es cierto que el caso CEMIS es el abanderado de la impundiad en nuestro país, y que es absolutamente necesaria una investigación que aclare sus pormenores, y se castigue a todos los culpables; también lo es que este gobierno, con sus cuestionables nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, y la separación de la Procuradora Ana Matilde Gómez, ha colocado un velo de la desconfianza en todo lo que salga del �rgano Judicial y el Ministerio Público.
Con la situación actual, es imposible para el gobierno convencer a la ciudadanía que no se está cruzando la línea entre la verdadera justicia y la persecución política.