Los trabajadores que fueron despedidos con la ley 25 están desesperados por el incumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por eso han solicitado la intervención de la presidenta Mireya Moscoso.
Orán Dario Miranda, uno de los afectados, denunció en nota enviada a la presidenta que han transcurrido más de tres años desde que el gobierno fue notificado de la sentencia dictada por la CIDH y hasta el momento los responsables de hacerla cumplir "se han dedicado a violar el debido proceso, haciendo interpretaciones ridículas y antojadizas tanto de la sentencias y de los montos que se debe pagar".
El demandante sostiene en la nota que fueron obligados a firmar un documento donde aseveran que fueron reincorporados en sus puestos de trabajo, cuando el hecho es falso.
Miranda pide en la carta, la intervención de la Jefa del Ejecutivo para que se haga efectivo el pago de todas las prestaciones económicas con los recargos y derechos adquiridos conforme a la ley.
