En los últimos diez años la evolución de las actividades portuarias en el país han presentado su más alto nivel de crecimiento y desarrollo.
La rápida expansión tiene su génesis con la privatización de las principales terminales portuarias, así como con la construcción de nuevas estructuras para movilizar el alto volumen de carga contenerizada.
El sistema portuario panameño está conformado por 18 puertos, de los cuales, 11 son administrados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
El resto de los puertos está concesionado a empresas privadas, con las cuales se convino una serie de adendas y extensiones en los contratos ley que están siendo discutidos en la Asamblea Nacional para redefinir aspectos operacionales, uso de nuevas tierras y aportes al fisco nacional.
DISPOSICION DE B/.126 MILLONES
El ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, indicó que el primer aporte por los acuerdos alcanzados ha permitido al Estado disponer de B/.126 millones.
Según Ferrer, es necesario legalizar mediante una extensión a la ley de concesiones portuarias los aportes de B/.1, 500 millones que recibirá el Estado por la administración de las terminales y la inversión de B/.1, 400 millones para la expansión de sus estructuras.
El funcionario indicó que la inversión que se han comprometido ejecutar las empresas portuarias generará unas 8 mil plazas de empleo permanentes.
Destacó que el periodo de cumplimiento de la inversión se ejecutará en diez años.
ADENDA PORTUARIA
El Organo Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio y la AMP, convino con la concesionaria Manzanillo International Terminal-Panamá S.A. (MIT) el otorgamiento de una serie de terrenos adyacentes al área de Coco Solo, que incluyen 17 hectáreas de terreno y más de 17 mil metros cuadrados de tierra. Las negociaciones que serán discutidas en segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional incluyen el aumento de B/.6.00 a B/.9.00 la tarifa por movimiento de contenedores hasta el 2011, a partir de allí se establece un aumento tarifario hasta el 10% cada cinco años. Los acuerdos obligan a la parte concesionaria a invertir B/.200 millones en la expansión portuaria, además de pagar al Estado B/.16.5 millones como contraprestaciones para el ejercicio de los derechos de concesión sobre los polígonos incorporados al área delproyecto.
Las contribuciones de MIT al Estado abarcan la inversión hasta B/.2 millones para proyectos sociales exclusivos en la provincia de Colón en un plazo de tres años, contados desde la especificación de la obra por parte del Ministerio de la Presidencia.
ACUERDOS CON PPC
La sociedad Panama Ports Company (PPC) pagará al Estado la suma neta de B/.102 millones en concepto de contraprestaciones por el derecho de uso de infraestructuras y puertos en operación recibidos en concesión.
PPC se compromete a invertir B/.1, 000 millones para aumentar la capacidad de los puertos de Balboa y Cristóbal, proyectos que deben completarse en el año 2015.
Los acuerdos entre ambas partes son el resultado de las negociaciones que derogó la resolución de mayo del 2002, que en resumen, eximía a PPC del pago de contraprestaciones al Estado y otorgaba una serie de créditos a la transnacional que el Estado consideró lesivos para sus finanzas.
CONCESIONES CON CCT
Las nuevas negociaciones con Colon Container Terminal (CCT) incluyen la incorporación al contrato de ley del uso de unas 18 hectáreas de terreno, para la expansión portuaria de sus instalaciones, hasta por una inversión de B/.200 millones.
Se incluye, el pago de la empresa a favor del Estado de unos B/.7.5 millones en concepto de contraprestación por el uso de nuevos polígonos, así como el pago de B/.0.03 por metro cuadrado de uso en concesión de un área de fondo de mar de 18 hectáreas. El pago mensual en este concepto será de B/.5, 566.
Al igual que PPC, CCT aportará la suma de B/.750 mil para financiar proyectos sociales en la provincia de Colón en un periodo de tres años, a razón de B/.250 mil anual.
NUEVA CONCESION
El Gobierno Nacional anunció que convocará en la primera semana de enero de 2006 a una licitación para dar en concesión una estratégica área en el litoral Pacífico para el desarrollo de un megapuerto, que tendrá una inversión inicial de unos B/.600 millones.