El presunto pago de un soborno a políticos y diputados para la aprobación del proyecto denominado Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), en Colón, es uno de los peores escándalos de corrupción en la historia política de Panamá.
Se trata de una vergonzosa situación que no solo involucra a la clase política panameña, sino también al Órgano Legislativo, un pilar de la institucionalidad democrática de la Nación.
Es por eso que el país reclama que las autoridades judiciales lleguen hasta el final de estas investigaciones, independientemente del puesto que ocuparon u ocupan los involucrados. Es un compromiso con la decencia y la democracia panameña.
Sin embargo, un denso nubarrón amenaza el desarrollo objetivo de estas investigaciones. Intereses políticos de lado y lado pretenden manejarlas a su beneficio, empañando aún más la imagen y la credibilidad de la justicia y de los propios políticos. Es como hacer del Cemis un doble escándalo.
El caso Cemis tiene que desarrollarse de forma seria, la justicia debe hacer su trabajo libremente y sin presiones de ninguna naturaleza. Los shows mediáticos no caben en esta oportunidad. Los involucrados tienen que gozar de todas las garantías del debido proceso, pero también tienen que enfrentar las presuntas acciones que se le atribuyen.
El resultado de estas investigaciones tiene que convertirse en una referencia positiva para la administración de justicia y la historia política del país. Los panameños demandamos saber qué paso realmente con este bochornoso episodio.