Los gobiernos en Panamá han utilizado diferentes formas de presionar a los medios de comunicación social para tratar de intimidarlos. No se trata de una práctica nueva, se remonta a la época en que este país era desgobernado por un grupo de militares dictadores.
Cuando la dictadura cayó hace 20 años los panameños nos propusimos la tarea de ir perfeccionado poco a poco nuestra incipiente democracia, y hemos hecho importantes avances en ese sentido.
El Tribunal Electoral se ha ganado el respeto de los ciudadanos por sus actuaciones diáfanas, al igual que otras instituciones públicas. Hay tareas pendientes, es cierto, que aún tenemos que resolver, como la falta de transparencia en los tres órganos del Estado y la especie de conciliábulo que siempre han mantenido.
Los panameños pensamos que a medida que se consolidaba la democracia desaparecerían viejas prácticas, como la presión oficial a los medios que le resultan incómodos a los gobernantes. Estábamos equivocados.
La auditoría que se le hizo a Omega Stereo, precisamente después de que su Gerente General lanzó críticas al Gobierno por su forma de manejar el tema de la libertad de expresión, no es casual. Ya lo habían hecho con otros medios que mantienen una línea editorial independiente.
Y no es que los medios pretendamos estar por encima de la ley, ese no es el interés de ninguno. Lo que llama la atención es la selectividad y la celeridad con que el Gobierno envía a sus auditores a empresas determinadas en el momento preciso. Pareciera que alguien encontró un viejo manual que los militares dejaron olvidado.