El acceso a la información pública está consagrado en la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en una cantidad de convenios internacionales suscritos por el Estado panameño. Se trata de una condición imprescindible para la existencia misma de la democracia.
El libre acceso a la información pública garantiza la libertad de pensamiento, a la cual tenemos derecho de manera innata todos los ciudadanos. No es un asunto que atañe solo a los periodistas, éstos únicamente son la vía por la cual se hace pública la información.
Si los gobiernos restringen el acceso a la información, están limitándole a sus conciudadanos la posibilidad de tomar decisiones y a formarse juicios debidamente fundamentados.
La información pública es precisamente eso, pública. Nadie tiene el derecho de manipularla o dosificarla a su conveniencia. El funcionario que incurre en esta práctica está violentando flagrantemente las reglas elementales de la democracia y las normas legalmente establecidas.
Los funcionarios de turno no son los dueños de la información pública, simplemente son custodios temporales de ella. Su uso no está regido por su libre albedrío. Ellos más que nadie tienen que cumplir con lo que estipulan las leyes.
Velar por el libre acceso a la información es una tarea de la sociedad. En la medida en que los ciudadanos cedan ante las pretensiones de algunos funcionarios de manipular la información oficial cada día seremos menos libres de pensamiento.