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EDITORIAL
Espionaje telefónico
El espionaje telefónico con propósitos políticos merece el rechazo de toda la población. En democracia no debe tener cabida ese tipo de actividades, del cual se abusó durante la dictadura militar.
La legislación panameña establece claramente los casos por los cuales las autoridades del Ministerio Público pueden ordenar la intercepción de las comunicaciones telefónicas.
En esa lista se incluye el narcotráfico, lavado de dinero, secuestro, terrorismo y otros delitos graves. Por ningún lado se menciona el escuchar las conversaciones de políticos, periodistas, sindicalistas, empresarios, funcionarios, policías y dirigentes de gremios.
Aunque las autoridades del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional han realizado los desmentidos sobre el listado de 117 personas a las que presuntamente el Ministerio de la Presidencia ordenó espiar, lo pertinente es que se avancen las investigaciones.
Si se trató de una burda falsificación se cometió un delito. Si el documento es real, entonces existiría la confirmación de un espionaje político. La información es poder y de esa máxima se aprovechó el antiguo G-2 de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Defensa, que estableció un efectivo sistema de sapería contra los opositores a la dictadura.
La democracia heredó muchos de los aparatos de escuchas de los militares. Desde 1990 a la fecha se han realizado denuncias sobre el espionaje telefónico. El propio mandatario Guillermo Endara sorprendió en abril de 1991, cuando dijo que el teléfono de su despacho presidencial estaba intervenido.
Lo más conveniente frente a lo sucedido es lograr una legislación clara sobre el tema de las intercepciones telefónicas. Que se utilice ese recurso para reprimir el crimen, pero que a la vez establezca penas severas a los que se dediquen al espionaje político.
La privacidad de las conversaciones es un derecho fundamental en toda democracia. No podemos retornar a la época en que los panameños tenían hasta miedo de hablar por teléfono.
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PUNTO CRITICO |
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