La salida del ministro Daniel Delgado Diamante de la cartera de Gobierno y Justicia busca bajar la presión en torno a la administración del mandatario Martín Torrijos, luego de las publicaciones que pusieron al descubierto la muerte de un miembro de la Guardia Nacional de manos del propio Premier.
Todo indica que la Procuraduría tendrá que desarrollar una investigación penal, a menos que se ubique algún expediente en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que determine que se trata de lo que materia jurídica se llama cosa juzgada.
La cierto es que hay un muerto de por medio y el propio Delgado Diamante reconoce que efectuó los disparos que a la postre acabaron con la vida del cabo Andrés García. Lo que hay que definir es si fue un asesinato a sangre fría o un acto en defensa propia.
Debe haber una investigación objetiva, imparcial y sin sometimiento a las presiones y pasiones.
La Procuraduría debe identificar a los testigos y reconstruir lo sucedido. Los familiares de la víctima y el propio Delgado Diamante, tienen que comparecer al Ministerio Público para presentar sus argumentos.
La realidad es que una investigación que se remonta a 38 años atrás no será resuelta en unas pocas semanas. Hay que desempolvar archivos y escudriñar en las memorias de los testigos e involucrados. Es casi imposible que Daniel Delgado Diamante retorne a su cargo -si acaso eso sucede- en el término de 30 días.
La imagen del Ministro ha sido vulnerada y aunque salga bien librado de todo esto, ya no será lo mismo, así las cosas habrá en propiedad otro Ministro de Gobierno y empatará al de Educación en cuanto al número de ministros que han pasado por esa cartera.