Hoy se conmemoran tres años de la tragedia que cobró la vida a 18 panameños que murieron calcinados a bordo del autobús 8B-06. Las investigaciones concluyeron con una condena de 40 meses de prisión tanto para el conductor como al dueño del transporte público: los hermanos Próspero y Ariel Ortega.
La sentencia proferida en mayo fue apelada por los familiares de las víctimas ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, la responsabilidad no es sólo del chofer y el dueño. Se trata del fracaso de todo un sistema de transporte y de las autoridades designadas para vigilar la operación de las líneas de autobuses.
Tres años después, poco son los avances para modernizar el transporte, salvo las responsabilidades penales, promesas para construir un Metro, la instalación de 180 semáforos, las pruebas antidrogas que se les hacen sorpresivamente a los conductores y ahora otra promesa para modernizar el transporte de autobuses en un plazo menor de un año.
Aparte, se han generado una serie de negocios: se elevó el costo de las boletas por infracciones de tránsito y se introdujo un nuevo sistema de licencias que duplicó su costo. Poco se reforzó la labor de prevención e inspección que debe realizar la Autoridad del Tránsito para garantizar que los autobuses presenten adecuadas condiciones mecánicas.
El proyecto del Transmóvil se quedó en el limbo, así como el llamado de hace un par de meses para comprar nuevos autobuses.
A quienes perdieron a seres queridos en el incendio del autobús 8B-06, nuestras expresiones de solidaridad. Ojalá que mucha gente envuelta en el tema del transporte no sea tan indolente y hagan un esfuerzo por mejorar las condiciones en que diariamente viajan miles de panameños que abordan los "diablos rojos".