Desanimados con la justicia, así es el sentimiento de las víctimas que sobrevivieron al trágico accidente ocurrido hace tres años en La Cresta cuando se incendió el autobús 8B-06.
El abogado Víctor Martínez, quien representa a dos de los sobrevivientes que sufren las secuelas de las quemaduras, señaló que la justicia cuando la exigen los pobres y humildes es lenta, al mismo tiempo siente al Gobierno actual "frío" ante el tema y muy alejados de esta tragedia.
Son 14 las demandas civiles interpuestas contra el Estado en la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, para que se responsabilice a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre por la muerte de 18 personas y las afectaciones de la enfermera Lidia Atencio y del ebanista Luis Contreras.
El informe presentado indica que al menos 10 casos se encuentran en práctica de pruebas y en fase de alegatos en los despachos de los magistrados Víctor Benavides, Adán Arnulfo Arjona y Winston Spadafora y de su suplente Jacinto Cárdenas.
Una fuente judicial confirmó que la demanda interpuesta por la defensa de Lidia Atencio por el monto de $10 millones está para resolver en el fondo, ya que el expediente ingresó el 12 de agosto de 2009, mientras que el de los familiares de una de las víctimas Virginia Charris, quien dejó a un niño huérfano, llegó al despacho del ponente el pasado 2 de septiembre. Esta demanda es por 5 millones de dólares.
También se informó que uno de los demandantes en el proceso demoró 7 meses para notificarse de la admisión de las demandas y hay un caso donde pasó más de un año para poder lograr la notificación del jurista, mientras que en las prácticas de pruebas no se da la asistencia del defensor a la Sala Tercera.
El vía crucis de los dos sobrevivientes Lidia y Luis no para. Ambos todavía deben ser objetos de cirugías plásticas valoradas en $500 mil. Ayer fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley James Mitchell, reunión que les provocó un mejor ánimo en su lucha.
Pero aún la justicia les adeuda en otros procesos. Está pendiente que se resuelva la apelación realizada por el abogado Víctor Martínez en el Segundo Tribunal de Justicia contra la sentencia dictada por el juez Primero Penal, Rolando Quezada Vallespi, quien condenó a 40 meses de prisión a los hermanos Próspero Ortega y Ariel Ortega, conductor y propietario del incendiado Bus 8B-06, por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales.
El caso se mantiene paralizado debido a que el expediente fue solicitado por la Sala Tercera Contencioso Administrativa.
En el Ministerio Público también reposa otra denuncia penal por el delito de estafa.
El Despacho de la Primera Dama de la República ha ofrecido 150 dólares para la compra de medicinas que será entregada cada 3 meses, mientras que este desapacho también pidió el expediente médico a los cirujanos plásticos que están tratando a Lidia y Luis, para analizar su situación médica.
En los Estados Unidos se encuentra una demanda civil de los sobrevivientes y familiares de las víctimas en el Estado de Kansas contra la empresa Norcut que produce el gas refrigerante HC12A, que es prohibido para su utilización en el transporte público en este país y que es introducido para su uso en Panamá.
UN MINUTO DE SILENCIO
Las víctimas serán recordadas hoy, realizando un minuto de silencio en todo el país, justo a las 2: 45 de la tarde.