La Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) destituyó e inhabilitó por 18 años a la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal, por colaboración con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Un comunicado de este organismo, encargado del control disciplinario de los funcionarios, informó que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, "sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años".
Ordóñez tomó la decisión al alegar que Córdoba ha "promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, FARC".
La investigación se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC, Luis Edgar Devia, "Raúl Reyes", quien fue abatido en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.
A partir de la información incautada, "se logró establecer que con el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias Teodora, Teodora de Bolívar, La Negra y La Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones, así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario", según la Procuraduría.
La fuente agregó que el material fue corroborado con otros medios de prueba, trasladados desde la Corte Suprema y la Fiscalía a la Procuraduría.
La Procuraduría también se apoyó en los informes de la Interpol y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), perteneciente a la Fiscalía, y de la Policía Judicial y de Investigaciones (Dijin) sobre la autenticidad de los medios electrónicos.
El Ministerio Público estableció así "con certeza" que la senadora colombiana aconsejó a las FARC no enviar videos de personas secuestradas, pero sí grabaciones de voz, "con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".
Córdoba, según la Procuraduría, dio además información a las FARC "sobre asuntos diferentes a la liberación de secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de Gobiernos extranjeros a departamentos colombianos".