El gobierno ha establecido el 30 de octubre como fecha tope para presentar un programa tendiente a reducir el déficit fiscal que afecta las finanzas del sector público.
Sin duda que se contemplará un menú de opciones para recortar gastos, salvo los pagos por el servicio a la deuda externa, que son de obligatorio cumplimiento y que consumen más del 20 por ciento del presupuesto anual.
Ya los técnicos allegados al gobierno han insinuado que se busca eliminar tantas exoneraciones de impuestos y se busca que las diversas empresas estatales funcionen con un modelo corporativo un tanto similar a la de la Autoridad del Canal, para que potencien sus ingresos y así sus aportes al Fisco.
En verdad hay sectores que cuentan con exoneraciones que no deben continuar. Legisladores, fiscales y magistrados que perciben jugosos salarios, deben pagar los impuestos de introducción de los lujosos vehículos que compran.
Durante la administración del mandatario Guillermo Endara se dispuso rebajar los salarios a los ministros y altos cargos. Si en verdad se quiere enviar un mensaje de ahorro, el presidente de la "Patria Nueva" debe predicar con el ejemplo.
Siempre se opta por despedir a funcionarios con salarios menores, que a la postre son reemplazados por un número más pequeño de servidores, pero con salarios mayores.
El problema de la planilla estatal no es tanto el número de empleados, sino el monto que se percibe. De que sirve despedir 50 mil funcionarios, si el monto de la planilla no se reduce en esa misma proporción.
Ya la oposición advierte que el gobierno pretende exagerar la situación fiscal para facilitar una nueva reforma tributaria, que aumentaría los impuestos. En campaña, Martín Torrijos prometió revisar, más no aumentar los impuestos al pueblo. De no cumplir con esa promesa, estaríamos ante un nuevo engaño de ala incorregible clase política panameña.