Un proyecto de ley para tipificar los delitos de desaparición forzada de personas y la tortura fue presentado ayer al pleno legislativo por la ministra de Gobierno, Roxana Méndez.
La iniciativa contempla pena de cárcel de 15 a 20 años por la privación de libertad de una o más personas que cometan agentes del Estado o por personas o grupos de individuos que actúen con la autorización o apoyo de funcionarios.
El proyecto de ley busca corregir el incumplimiento de la obligación contraída por el Estado, al momento que Panamá aprobó las convenciones internacionales contra la tortura y la desaparición forzada, tipificando correctamente estas faltas graves, explicó la Ministra.
