La intervención del arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, y del Comité Ecuménico no fueron suficientes para acortar distancias entre sindicalistas, empresarios y el Gobierno para lograr avances significativos en el diálogo donde se discuten las reformas a la Ley N.� 30, popularmente conocida como "ley chorizo o 9 en 1".
Los tres grupos acudieron ayer por separado a una reunión en el Arzobispado, sin que ello sirviera para flexibilizar posiciones radicales de bando y bando.
Al término de la reunión, Ulloa afirmó que para que haya avances "hace falta una mayor cultura de diálogo".
"En Panamá hemos perdido la confianza, el uno en el otro, y eso está afectando las conversaciones. Lo último que perdemos es la esperanza", dijo monseñor.
Para la mediadora del diálogo, Isabel Saint Malo, la situación es frustrante, pero señaló que su compromiso con el país de seguir adelante es mayor.
En la sesión N.�15 del diálogo el sector sindical mantuvo su propuesta, que la mesa emita un acuerdo consensuado, donde pide al Ejecutivo derogar la Ley N.� 30 y declararla inconstitucional.
Por el lado del Ejecutivo la postura es la misma: negarse a las pretensiones del sector obrero, alegando que la mesa del diálogo no posee facultades que son privativas de la Corte Suprema de Justicia y del �rgano Ejecutivo, como lo es declarar una ley inconstitucional y promover su derogación, respectivamente.
El dirigente Rafael Chavarría señaló que "el Gobierno no tiene voluntad de derogar la ley", mientras que para el viceministro Luis Carles, los sindicalistas siguen haciendo uso de tácticas dilatorias. La mesa del diálogo continúa hoy su jornada de sesiones y cualquier situación podría pasar.
Chavarría reconoció el esfuerzo de la Iglesia, pero dijo que no hay confianza en el Gobierno, algo que solo se gana con buenos resultados.
Por su parte, Juan Francisco Kiener manifestó que el diálogo está en menos cero.