La prohibición de llevar velo integral en todos los espacios públicos de Francia quedó definitivamente plasmada en ley, después de que los senadores aprobaran un texto que ha levantado gran polémica en el país.
La ley ya había recibido el respaldo de la Cámara de Diputados en julio y ahora debe pasar el examen del Consejo Constitucional, a cuyo dictamen la sometió el propio presidente de la Asamblea Nacional, Bernard Accoyer, para eliminar cualquier incertidumbre.
El Constitucional dispone ahora de un mes para pronunciarse sobre la ley que, de pasar este último trámite, puede entrar en vigor en la primavera de 2011, tras medio año de periodo de información.
Las dudas jurídicas sobre la prohibición del burka son las únicas que han generado división entre la clase política francesa, masivamente favorable a prohibir un vestido que va contra los principios de la República.
Por esa razón, la polvareda que ha levantado este texto en la calle no se corresponde con la unanimidad que tuvo en las cámaras, donde ha sido aprobada casi sin oposición.
En el Senado votaron a favor 246 parlamentarios y uno sólo lo hizo en contra. Hace dos meses, 335 diputados votaron a favor y sólo uno rompió la unanimidad. En ambas cámaras, votaron a favor los parlamentarios de la mayoría, los conservadores de la UMP y los centristas.
Antes de que las sanciones comiencen a ser efectivas, habrá un periodo de seis meses, con el objetivo de dar tiempo a que sea explicada a las mujeres que actualmente portan de forma voluntaria el velo integral en Francia.
OPOSICION
Las asociaciones islámicas más moderadas están dispuestas a colaborar con las autoridades, pese a que se oponen a una ley que, a su juicio, contribuye a estigmatizar más a su religión y que alentará a los más radicales.
Una opinión que comparten algunos mandatarios de países musulmanes, que mostraron su oposición al texto francés, y que ya han hecho saber que se opondrán a la aplicación de la ley, lo que amenaza con crear problemas de orden público y enfrentamientos con las autoridades.
El texto cuenta también con la oposición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de Amnistía Internacional, que consideran que supone una violación de la libertad religiosa de las mujeres.
MULTAS
150 euros es la multa para las personas que vayan por la calle o por cualquier otro espacio público con el rostro cubierto.
