La "Mano Dura" contra los menores delincuentes es defendida por un gran sector de la sociedad que se manifiesta en los diversos programas radiales, pero la iniciativa -que fue rechazada por la Asamblea Legislativa- es cuestionada por las diversas organizaciones de la llamada sociedad civil.
Por primera vez, la opinión popular y la de sus dirigentes no están sintonizadas. Crítica abordó a representantes de ambos bandos.
Un profesional destaca que el que te asesinen a un familiar es un drama del cual no te recuperas jamás. Pero cuando los victimarios son menores de edad, tienes que "soportar" que ese homicida te vea en la calle y se ría en tu cara.
DEFENSORES
El ministro Arnulfo Escalona, sostiene que se necesitan medidas duras y mandar mensajes a los delincuentes "que no se tolera la comisión de delitos".
La comunidad en general está pidiendo este proyecto a gritos "lo triste es que los políticos no podamos ponerlos de acuerdo para apoyar los proyectos y eso deja mucho que decir para atender el clamor popular", expresó Escalona.
Sostuvo que no se puede se puede actuar como los tres monitos "cerrar los ojos, no oír nada o no decir nada. Le pido a la Asamblea que recapacite", añadió.
Mientras, el comisionado Alvin Santana sostuvo que urge una serie de herramientas para poner en "jaque mate" las bandas o pandillas organizadas que suman 78 y agremian unos 977 individuos.
Indicó que la comunidad vive atemorizada, no se atreven a denunciar un grupo de siete u ocho personas que representan las "manzanas podridas" en sus barrios.
"Están en jaque, pero no tenemos una herramienta legal para meter el mate cuando hacemos la profilaxis para ponerlos fuera de circulación y darle paz y armonía a la comunidad".
COMUNIDAD APOYA
El presidente de la Organización Pro Defensa de las Víctimas, Shannan Singh, cuestionó a los detractores de las normas presentadas y se quejó de que las víctimas de actos violentos no hayan sido citadas en dicho debate.
Demandó a los legisladores a tener la valentía para aprobar dichas normas, que la comunidad está reclamando.
Destacó que nadie se acuerda del derecho de las víctimas, que deben ser sometidas a tratamiento psicológico y ayuda espiritual para afrontar la pérdida de un ser querido.
Sostuvo que del 75 por ciento de los homicidios que implican 600 personas hay un menor involucrado. Singh dijo que los menores son utilizados para cometer el crimen perfecto.
Advirtió que si no se adopta una acción para castigar estos delitos, llegará el tiempo en que las personas se tomarán la justicia por sus manos.
Dijo que los menores infractores a la hora de arrancarle la vida una persona no piensan en sus familias, muchos menos en sus derechos, por ende deben ser castigados por los delitos que cometen.
Singh, quien también es abogado y fue víctima de la violencia tras el homicidio de su hermano, reflexionó que cuando un menor o un adulto asesina el resultado es el mismo "la muerte de una persona que esperan en casa".
Fustigó que existan organizaciones que defiendan a los delincuentes. ¿Qué prefieren... qué lo dejen afuera y siga cometiendo delitos?, preguntó
OPOSICION
El sociólogo Raúl Leis dijo que la implementación de estas medidas contribuirán a reducir la delincuencia en el momento, pero no solucionará el problema de fondo.
Leis considera que las medidas extremas -como la cadena perpetua- son cada vez más rechazadas en el mundo.
Para reducir la violencia, plantearía un plan integral de desarrollo, prevención social, rehabilitación, resocialización, reforma judicial y penal, que debe contener la revisión de las penas pero en este marco.
El también sociólogo Marcos Gandasegui aportó sus criterios al debate, alegando que las reformas a las leyes propuestas no contribuyen en forma alguna a reducir ni erradicar la delincuencia. En todos los países que se aplican castigos largos e innecesarios, se produce un incremento de la criminalidad.
A juicio de Gandasegui, el gobierno pretende a última hora sacar provecho político de un problema que preocupa a la ciudadanía. El gobierno centró su ataque en el sector más indefenso de la población panameña: los menores de edad.
Según el entrevistado, con información y estadísticas manipuladas y llenas de errores, se creó la impresión que el país se hundía por culpa de las actividades delictuosas de los niños y adolescentes menores de 18 años de edad.
La realidad es que menos del 10 por ciento de los delitos que se producen en el país son producto de acciones de adolescentes menores de 18 años de edad. Más de la mitad de los delitos son efectuados por jóvenes entre los 18 y 28 años de edad. La legislación, sin embargo, no se refiere a este grupo.
Según Gandasegui todos los estudios indican que la delincuencia es el producto de la corrupción, del robo descarado de quienes dominan los recursos del poder, de la pobreza y del desempleo que surge como consecuencia.
"Una legislación que incorpora la cadena perpetua es el mejor indicador del fracaso de una sociedad", añadió.