Un diagnóstico económico dado a conocer, sobre el abultado tamaño de la planilla estatal, nuevamente ha levantado el fantasma de los despidos para los eternamente sufridos y pisoteados, miles de servidores públicos de base.
El tema no es nuevo ni en Panamá, ni en la América Latina. Hace años que los técnicos están advirtiendo sobre las considerables demandas que enfrenta el sector público y cuya satisfacción, la obligará a ser eficiente en la asignación limitada de sus recursos.
Pero, debemos reconocer que uno de los factores que afectan la eficiencia en el sector público, es precisamente, la falta de políticas de personal que conduzcan a altos niveles de identificación de los trabajadores. Faltan incentivos, ambiente laboral de respeto profesional y político al subalterno y una capacitación adecuada, entre otros.
No obstante, habría que precisar -tal como lo afirman algunos expertos- lo que significa una reforma del Estado. Una que implica evaluar la estructura existente en función del objetivo que el gobierno nacional espera cumplir.
Los trabajos de análisis de estos temas, señalan que la modernización de la gestión pública, pretende obtener más eficiencia en las tareas por realizar de los ministerios e instituciones que conforman todo el aparato estatal. Esto trae consigo, la necesidad de modificar o mejorar la forma de hacer las cosas, incorporando la transparencia de las distintas acciones y cambiando la actual relación jefe y subalterno.
La cosa es que en Panamá, cada vez que se plantea una modernización, necesariamente se relaciona con la eliminación de alguna entidad o la disminución de personal. Las reformas de la administración gubernamental, no se realizan para debilitar al Estado, sino, para aumentar sus capacidades institucionales.
En todo caso, el asunto no se puede plantear solamente en función de aumentar la eficiencia, teniendo como modelo a la empresa privada. Existen valores como la equidad y la participación, que un gobierno que se considere popular, no puede evitar considerar.
