Una misión encabezada por el vicepresidente colombiano Francisco Santos realiza una visita Washington para explicar los alcances de la ley de Justicia y Paz, con la que el gobierno pretende desmovilizar a los paramilitares.
Sin embargo, la iniciativa ha sido criticada por senadores demócratas y organizaciones de derechos humanos quienes la catalogan como una forma de mantener la impunidad.
La misión gubernamental se produce al mismo tiempo que el Senado estadounidense debate el presupuesto para Operaciones en el Exterior del Departamento de Estado, que incluye la ayuda a Colombia.
Estados Unidos aporta unos 550 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico en el país sudamericano, lo que hace de Colombia el quinto receptor de fondos estadounidenses después de Irak, Afganistán, Egipto e Israel.
Santos también visitará Washington, donde en el Senado se debate el presupuesto para Operaciones en el Exterior del Departamento de Estado, que incluye la ayuda a Colombia.
Los senadores demócratas han criticado a Bogotá por la ley de la reinserción de los grupos armados de ultraderecha. Los paramilitares están clasificados por el Departamento de Estado como una organización terrorista y vinculada al narcotráfico.
