GABRIEL CASTRO:
El ex director de la PTJ, Gabriel Castro, dijo estar de acuerdo con el endurecimiento de las penas, ya que el máximo de 20 años de prisión que establece la Constitución, no está acorde con la realidad nacional.
"Creo que la pena no sirve de nada si no se obliga al reo a cumplirla, porque aquí es muy fácil que los jueces y los magistrados suelten a los sospechosos de un delito", señaló.
Castro abogó por el incremento en las penas, más no así con implementar la cadena perpetua o la pena de muerte.
Sostuvo que un plan de represión del crimen conlleva la construcción de más cárceles, que en la actualidad son "escuelas del delito".
Indicó que ve muy difícil que el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso pueda hacer en unos días, lo que no hizo en cinco años de gobierno.
RUBEN DARIO PAREDES:
El general retirado Rubén Darío Paredes calificó el operativo "mano dura" como el producto de una acción precipitada y motivada por emociones.
A criterio del militar, la mandataria Mireya Moscoso y su equipo, sobreactúan en un mini estado de sitio, con arrestos, sin la presunción de inocencia y con violación domiciliaria.
Paredes manifestó que previo a una decisión de esta magnitud, tuvo que haber un análisis de sociólogos, psicólogos y expertos en materia de seguridad, lo cual dudó que haya existido.
Sostuvo que la mandataria Moscoso y su gobierno han reaccionado tardíamente por una crisis que se vive por el aumento de la delincuencia.
OSVALDO FERNANDEZ
Por su parte, el ex director de la Policía Nacional, Osvaldo Fernández, consideró que toda medida implementada para combatir la delincuencia, debe ser considerada positiva.
Indicó que el operativo "Mano Dura" que ejecuta el gobierno no puede ser cuestionado por nadie, ya que es parte de la obligación que tiene de salvaguardar los intereses de la sociedad.
Fernández explicó que lo lamentable en Panamá es que ningún gobierno ha emprendido una política criminal de Estado, ya que siempre se procede por una reacción de la acción criminal.
Por ser un conocedor del tema, el ex director policial manifestó que humanamente es imposible mantener a los organismos de seguridad permanentemente en las calles, por lo cual es necesario aplicar medidas preventivas contra el crimen.
"Los militares sabían que era una política de seguridad educar al niño para no castigar al hombre y ahora en democracia no hemos sabido implementar políticas preventivas para no tener tomar medidas desesperadas como las que se están haciendo", dijo.
Para Fernández, plantear la pena de muerte es un retroceso de 40 siglos, porque ningún país con pena de muerte ha acabado con la delincuencia", señaló.
Por el lado de la cadena perpetua, el ex director de la policía manifestó que no hay garantía que ningún reo cumpla esta sanción por la existencia del indulto presidencial.
JAIME ABAD:
El ex director de la PTJ, Jaime Abad, indicó que todas las medida encaminadas a combatir la delincuencia son positivas, pero hizo la salvedad que las mismas no pueden ser el producto de la improvisación o de medidas aisladas.
Sostuvo que en Panamá el problema es que ningún gobierno, salvo el de Guillermo Endara, ha implementado un programa coordinado de combate contra la delincuencia.
Abad manifestó que desde todo punto de vista legal y por ser cristiano rechaza la pena de muerte, además de considerarlo un mal imparable.
"El hombre es falible, sólo Dios da y quita la vida", aseveró.
A pesar de oponerse a la pena de muerte, Abad indicó que sería positivo que como sanción sustituta se piense en establecer la cadena perpetua.
El ex director de la PTJ expresó que la cadena perpetua puede convertirse en una alternativa para sancionar a delincuentes que cometan crímenes violentos con maldad, alevosía y clara ventaja.
CONRADO SANJUR:
El sacerdote Conrado Sanjur, miembro de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), calificó la "Mano Dura" como una irresponsabilidad del gobierno, el cual intenta buscar en los menores de edad sus "chivos expiatorios".
Sanjur y COPODEHUPA expresan que tales medidas violan el concepto de derechos humanos que debe regir en el país en función de la Constitución y de los compromisos que tiene el Estado panameño con la comunidad internacional.
De forma categórica, se mostró en contra de la implementación de la pena de muerte y de la sanción carcelaria de cadena perpetua que se pretende establecer, alegando que tales medidas no van a resolver los problemas de la criminalidad y de la inseguridad en que está sumido el país.
