La ciudadanía ha dado su aprobación a la iniciativa del nuevo gobierno de auditar las concesiones de las empresas involucradas en el mercado de generación y transmisión eléctrica, al igual que con las empresas PYCSA e ICA, operarias de los corredores Norte y Sur, respectivamente.
La verdad sobre cuánto dinero han obtenido estas empresas, y sobre lo justo en los términos de estos contratos ha sido un secreto desde hace ya más de 10 años, dependiendo del caso.
Los resultados de los eventuales áuditos no solo darían respuesta a esta y otras preguntas sobre esas concesiones, sino que podrían servir de base a futuras rebajas en la energía eléctrica a los consumidores, y quizás a la reversión de los corredores al Estado, volviéndolos gratis, o abaratando en gran medida los peajes.
Pero no todo debe acabar ahí. Durante los últimos años, las arcas del Estado han sido sangradas en tantos lugares que es necesaria una auditoría de cada entidad del Estado. Si se hace como debe ser y como la ciudadanía espera, el reporte de las irregularidades será un verdadero rosario.
El adecentamiento de la administración pública y la protección de las arcas del Estado debe ser una de las principales prioridades de la nueva administración.
En los pasados gobiernos se dieron escándalos en el manejo de materiales de construcción para viviendas de interés social, en los contratos estatales de edificaciones de escuelas rancho y el uso indebido de fondos donados por Taiwán a través de fundaciones creadas por altos funcionarios, para citar solo unos ejemplos.
Descubrir la verdad en este y otros casos de corrupción debe implicar el enjuiciamiento de los responsables, para que así la fe de los panameños en la nueva administración no sea traicionada.