Durante el último quinquenio, la corrupción gubernamental ha sido el caballito de batalla de los partidos adversos al actual gobierno. Por eso sorprende que ahora se trate de eliminar el control previo a través de una reforma constitucional.
La actual Carta Magna establece que corresponde a la Contraloría determinar los casos en que ejercerá el control previo como el posterior en el manejo que se le dan a los recursos del Estado.
Los teóricos de la propuesta que elimina el control previo alegan que éste constituye un obstáculo para el manejo eficiente de la cosa pública y hasta objetan que sea una misma institución la que ejerza la fiscalización previa y la posterior, cuando lo más saludable sería que fueran entes independientes.
La propuesta para eliminar el control previo no es nuevo. Es una vieja aspiración que la Democracia Cristiana intentó promover en el fracasado referéndum de 1992.
Ahora se alega que la Autoridad del Canal de Panamá funciona adecuadamente sin el control previo. Es verdad, pero también hay que entender que esa agencia se maneja de una manera diferente al resto del engranaje gubernamental y hasta cierto punto ha estado alejada de los vaivenes políticos, que al fin de cuentas son los que enturbian el manejo transparente de las entidades públicas.
El gobierno de la Patria Nueva tiene como sus lemas de campaña "cero corrupción" y eliminar el control previo, en nada favorece el cumplimiento de las promesas que se le hicieron al electorado.
Parece saludable la intención del presidente electo de revisar la polémica propuesta. Panamá necesita hoy más que nunca transparencia; una Contraloría que realmente controle y una justicia que castigue a los que se roben los fondos públicos.