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CARTA ABIERTA A LA CIUDADANÍA PANAMEÑA
ORGANIZACIONES AMBIENTALES, DE DESARROLLO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL
Ante las inminentes consecuencias ambientales, sociales y económicas derivadas de la promulgación de la Ley 30, de junio de 2010, "que dicta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, introduce reformas laborales y penales y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional", ley aprobada de manera inconsulta, las organizaciones abajo firmantes solicitamos la derogación de la referida ley por parte de la Asamblea Nacional. A la vez pedimos una discusión transparente, amplia y constructiva de los diversos temas tratados en dicha ley con el fin de mantener la institucionalidad democrática de acuerdo con las bases constitucionales de nuestro país.
Reiteramos que la Ley 30, lejos de fortalecer la institucionalidad ambiental, la debilita seriamente, su contenido atenta contra el orden jurídico ambiental y constituye una afectación del derecho humano fundamental a un ambiente sano, garantizado por la Constitución y otros instrumentos de derecho internacional ratificados por Panamá.
Coincidimos íntegramente con lo enunciado por la Comisión de Justicia y Paz en su comunicado del 20 de junio pasado, a través del cual señala "la urgente necesidad de buscar los mecanismos de acercamiento y diálogo para que la ley sea revisada con la participación de todos los sectores, asegurando con ello una experiencia de convivencia pacífica y una auténtica vida democrática".
Expresamos que en aras de "fortalecer la ejecución de proyectos de interés social" convenientes para la Nación, los suscritos estamos en la entera disposición de participar oportunamente a través de un diálogo constructivo y transparente apoyado por la Comisión de Justicia y Paz, en el contexto de una amplia y organizada convocatoria que tenga como fin la búsqueda de soluciones justas y equilibradas para el desarrollo sostenible del país. En materia ambiental proponemos mecanismos más eficientes para agilizar los procesos de evaluación de impacto ambiental sin poner en riesgo la calidad del ambiente, la salud humana y medios de vida de los ciudadanos. Es imprescindible fortalecer en todos los sentidos a la Autoridad Nacional del Ambiente para así lograr un verdadero desarrollo humano sostenible en Panamá.
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