El Juzgado Séptimo Penal ordenó a la Fiscalía Primera de Circuito ampliar el expediente relacionado al llamado robo del siglo, donde "desaparecieron" 311 piezas de oro pertenecientes al Museo Antropológico Reyna Torres de Araúz, ubicado en la Plaza 5 de Mayo.
El tribunal de la causa señaló que "tratándose de la pérdida de objetos arqueológicos de incalculable valor histórico y artístico para el país, es prudente en este caso atender a la solicitud de ampliación que formulan algunas de las partes", señaló el juez Felipe Fuentes, quien presidió la audiencia realizada el 26 de mayo del 2004.
Debe tomarse en cuenta "que pese a haber transcurrido más de un año de investigación no se ha logrado determinar la fecha y hora exacta y la forma específica en que fueron sustraídas las piezas arqueológicas y quiénes son los autores materiales del ilícito", reveló el juez de la causa.
Una de las pruebas indispensables tiene que ver con el valor "económico de las piezas arqueológicas sustraídas que aún no han sido recuperadas y la autenticidad de las que fueron recuperadas".
Ampliar la declaración denuncia de Carlos Fitzgerald, con relación a los hechos "que informó en su denuncia y deberá permitirse la participación activa de los defensores que deben participar en esta diligencia".
El juzgado ordenó tomar declaración a Pablo Barrios y Rafael Ruiloba, "sobre los hechos que se investigan y aspectos que de ellos se dice en esta investigación en torno a la seguridad y administración del Museo Reyna Torres de Araúz".
Se pidió tomar declaración jurada a varios detectives de la PTJ sobre los informes policivos en torno a la captura de Adrián Cedeño, Benjamín Rangel, Manuel Núñez y Miguel Ward para que sean preguntados por sus defensores, a fin que identifiquen la fuente de entero crédito utilizadas para ubicar a los procesados en el hecho.
¿QUIEN ES EL LADRON?
Inicialmente en el robo se implicaron a personas que poco a poco fueron apelando a recursos legales. Hoy por hoy, el hecho sigue en el misterio.
