La Defensoría del Pueblo interpondrá una demanda por ilegal e inconsulta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra cualquiera disposición que autorice el incremento en la energía eléctrica a partir del 1 de julio, porque antes de esto el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) debe convocar una audiencia pública.
Unas ocho organizaciones que incluyen a profesionales, productores, empresarios y la Defensoría del Pueblo se han unido para expresar su rechazo a cualquier incremento en la tarifa de energía eléctrica y exigen al Estado panameño que analice detenidamente el papel que debe desarrollar la Comisión de Política Enérgetica (COPE) y el ERSP para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Sostienen que si los ciudadanos se ven afectados por el incremento de las tarifas, es obligatorio por ley que el ERSP consulte a los interesados y afectados la solicitud de fijar un aumento tarifario.
