Los magistrados Arturo Hoyos y Rogelio Fábrega Zarak, salvaron su voto tras archivarse por el resto de la Corte Suprema de Justicia, el voluminoso expediente relacionado al presunto pago de sobornos para la aprobación del CEMIS.
En este sonado caso, destapado el 16 de enero del 2002, figuraban como imputados los legisladores Carlos Afú, Mateo Castillero así como Stephen Jones y Joseph Martin Rodin, ejecutivos del Centro Multimodal e Industrial de Servicios CEMIS.
De acuerdo al salvamento de voto de los dos magistrados, la "Asamblea Legislativa carecía de competencia para ordenar el archivo del expediente y anular las actuaciones del Ministerio Público, temas ambos que son de competencia de la Corte Suprema de Justicia al calificar el presente sumario".
En el proyecto original de fallo redactado por el magistrado Hoyos, y propuesto al resto de los magistrados que integran el pleno de esta corporación, se planteaba que debía revocarse la providencia de 22 de febrero de 2002 emitida por el Procurador General de la Nación.
