El gobierno parece que ha puesto el acelerador al tema de la ampliación del Canal de Panamá. Ya se habla que el proyecto será enviado al Organo Legislativo en la primera quincena del próximo mes, para que a finales de junio -antes que los diputados entren en receso- sea aprobado y luego sometido a referéndum.
El artículo 325 de la Carta Magna establece que la consulta popular no deberá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa.
Así las cosas, es probable que el referéndum se realice en octubre. El gobierno parece entender que el tema se está complicando y los grupos que promueven el rechazo a la construcción del Tercer Juego de Esclusas, están ganando terreno, a pesar del bombardeo oficial a favor de la propuesta presentada por la Autoridad del Canal de Panamá.
La obra que contempla una inversión de 5, 250 millones de dólares, está recibiendo respaldo internacional, pero los que votan son los panameños, muchos de los cuales no sienten que el Canal les represente algún beneficio.
La ampliación será el mayor proyecto acometido por Panamá en toda su historia. Lo que corresponde es que los panameños se informen adecuadamente y ejerzan su voto bajo el análisis de la conveniencia o no para el país y no para castigar o premiar al gobierno de turno.
La Autoridad del Canal también debe aprender a hablar el idioma del panameño común, que percibe que esa entidad sigue siendo algo inalcanzable para ellos. De nada valen los millones de dólares que la vía acuática aporta al Fisco, si la población no percibe que esos beneficios le llegan de alguna forma.
El gobierno considera que el tiempo conspira contra su proyecto, pero ojalá que el apuro no les traiga cansancio.