Cerca de 600 detenidos por faltas administrativas tendrán que sudar la gota gorda, si desean rebajar su pena de prisión.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó esta semana un proyecto de ley que permite la conmutación de penas, bajo la vigilancia y control de las autoridades judiciales.
La propuesta del diputado Rogelio Paredes establece que cada día de trabajo comunitario se conmutará por dos de arresto, mientras que especificó que el tiempo diario de trabajo no excederán las ocho horas. Este beneficio no aplicará a quienes sean reincidentes.
REDUCCION DE HACINAMIENTO
Según explico el perredista, la norma tiene como objetivo reducir paulatinamente los niveles de hacinamiento carcelario, además de evitar la "contaminación" de reclusos detenidos por faltas administrativas con prisioneros que cumplen penas por homicidio o narcotráfico.
El diputado destacó que la conmutación de penas es una opción para aquel recluso que todavía tiene esperanza de resocializarse, siempre y cuando, el juez que dictó sentencia conceda la autorización.
La conmutación de la pena se haría efectiva en cualquier institución del Estado, ONG's, iglesias u hospitales del país, bajo la supervisión de una comisión evaluadora encargada de fiscalizar el trabajo comunitario.
TOMANDO RIESGOS
Paredes declaró que la medida está diseñada como un modelo de confianza para un determinado grupo de reclusos, a quienes se le permitiría reportarse los días 15 y 30 de cada mes hasta computarle el tiempo definido para la realización del trabajo comunitario en horarios diurnos.
Sostuvo que el proyecto busca establecer medidas sustitutas que desahoguen el sistema penitenciario de una carga real, frente a las carencias físicas de espacio.
El diputado manifestó la conmutación de pena es parte de un grupo de medidas como lo sería los denominados "juzgados itinerantes", el cual permitiría el traslado de jueces y fiscales a los mismos centros penitenciarios para la definición directa de los casos judiciales.
Esta alternativa será evaluada los próximos días con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Troyano, y la Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.
SISTEMA CARCELARIO
En el país existen cerca de 11,293 reclusos, de los cuales 6,748 de los detenidos esperan una sentencia condenatoria o absolutoria.
El 43% de los reclusos están detenidos por delitos relacionados con droga; mientras que el 39% por delitos contra el patrimonio o faltas administrativas, otro 8% se encuentra por casos contra el pudor y la libertad sexual, y el restante 10% incluye homicidios y otros delitos.
En el Complejo Penitenciario La Joya están detenidos aproximadamente 2,073 internos, en La Joyita 2,206, los cuales representan cerca del 50% de la población penal del país.
Le sigue la cárcel Nueva Esperanza de Colón, con 1,176 reclusos; el Centro de detención de Tinajitas con 649; la cárcel de Mujeres con 550 internas, y El Renacer con 532 internos.
ALGUNOS DATOS
En menos de cuatro años la población carcelaria aumentó en 2,193 reclusos.
Cerca de 2 mil reclusos han sido beneficiados con la figura de la rebaja de pena del 2001 a la fecha. La estadística es similar para el beneficio de la libertad condicional.
En las cárceles de la provincia de Panamá hay detenidos unos 7,583; en estructuras con capacidad para 4,553 reos.
Durante la pasada administración penitenciaria, cerca de 196 reclusos se beneficiaron de los programas de salidas laborales y de estudios.
Según datos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), en Panamá existe una sobrepoblación carcelaria de aproximadamente el 34%.
La estructura penitenciaria tiene más de 60 años de vigencia.