El fiscal Gerardo Solís advirtió ayer a los funcionarios que podrían recibir penas electorales, destitución y hasta cárcel, si son sorprendidos realizando proselitismo y utilizando bienes del Estado para promover el "sí" durante el referendo sobre la ampliación del Canal.
Solís indicó que el Tribunal Electoral mediante un reglamento establecerá claramente quiénes son las personas que en un momento puedan promover el voto favorable a la propuesta del tercer juego de esclusas.
Según el Fiscal Electoral, en anteriores consultas populares, los funcionarios de elección pueden en tiempo laboral promover la propuesta del "sí", pero el resto no.
Indicó que por equidad ni los funcionarios de elección ni de designación, podrán trasladarse a una estación de radio o canal de televisión o acto público en el país, para promover el voto favorable en vehículos del Estado.
