El Consejo de Gabinete aprobó el nombramiento de Harry Alberto Díaz como nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de José Abel Almengor. Hubo que recurrir a un hombre que apenas en enero había sido ratificado como Fiscal de Cuentas, para tratar de normalizar el ambiente convulsionado alrededor del Organo Judicial.
Ya hay criterios encontrados en torno a ese nombramiento. Algunos alegan que estaba impedido de ocupar el cargo, porque el artículo 203 de la Carta Magna, advierte que no podrá ser Magistrado de la Corte Suprema, quien haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso. Díaz estuvo por algunas fechas encargado del viceministerio de Finanzas.
Sin embargo, el constitucionalista Edgardo Molina Mola estima que a Díaz no se le aplica esa norma, porque no fue titular del Ministerio y su cargo actual como Fiscal de Cuentas, no está adscrito al Órgano Ejecutivo, sino que se trata de una entidad independiente.
Independientemente de esa nueva controversia, los integrantes del Organo Judicial deben reflexionar sobre la imagen que proyectan en la opinión pública. Cuando los jueces y magistrados actúen en estricto Derecho y no en base a presiones, amiguismo o intereses, podrán recuperar el prestigio que en antaño distinguió a ese Organo del Estado.