Las pesquisas contra el diputado Rogelio Alba Filós, por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio, fe pública y administración pública.
Se trata de la primera autorización que emite la Corte sobre investigación penal contra un miembro de la Asamblea Nacional, en aplicación del numeral del artículo 206 de la constitución nacional por la reforma constitucional del año 2004, que faculta al pleno de la Corte Suprema de Justicia para investigar y enjuiciar a los diputados.
Los delitos denunciados versan sobre la presunta vinculación del diputado Alba con "el cobro de cheques de personal de su planilla en la Asamblea Nacional, que se alega son retenidos, cobrados y cambiados por el diputado, incluso con falsificación de la firma de una de sus beneficiarias".
La autorización fue impartida con 5 votos a favor, con la ponencia de la Magistrada Esmeralda de Trotiño.
Los votos afirmativos fueron de los magistrados José Troyano, Jorge Federico Lee, Graciela Dixon e Hipólito Gil. Los magistrados Arturo Hoyos, Aníbal Salas, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista salvaron el voto.
Aparte de Alba hay otros legisladores, que son objeto de investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia.
