El pleno de diputados aprobó ayer en segundo debate el proyecto de ley por el cual se establece la adopción de medidas para prevenir distintas formas de corrupción en el sector público y privado.
La medida plantea la prevención, investigación, enjuiciamiento de los actos de corrupción, así como el embargo preventivo, la incautación y el decomiso como sanciones a los delitos relacionados con actos de corrupción gubernamental.
Las formas represivas contra actos de corrupción forman parte de la Convención de Naciones Unidas, aprobada en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
Panamá se convirtió en el cuarto país de la región en aprobar este convenio, sumándose a países como Perú, México y El Salvador.
El proyecto aprobado aborda aspectos como el código de conducta para funcionarios públicos, la contratación pública, el soborno de funcionarios públicos nacionales e internacionales y la recuperación de activos con el interés de prevenir y detectar transferencias de activos adquiridos ilícitamente.
Durante el debate del documento, la Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, consideró que la norma permitirá garantizar la transparencia y la seguridad jurídica, lo cual incentivará la inversión privada y promoverá la tranquilidad de los contribuyentes.
“El proyecto constituye una iniciativa importante en la lucha contra la corrupción”, dijo.
