Nuevamente el gobierno peca de un mal manejo de la información y arrastra a las altas esferas hacia una situación peligrosa. Nos referimos al tema de la partida discrecional que forma parte del presupuesto de la Presidencia de la República.
En base a una denuncia, la Fiscalía Electoral pidió informes al Ministerio de la Presidencia para determinar si dichos fondos fueron utilizados o no para apoyar a los candidatos del oficialismo que buscan un cargo de elección popular en los comicios del 2 de mayo.
Primero, la jefa del Ejecutivo expresa que no dará ningún informe y releva de la responsabilidad a la ministra de la Presidencia. Sin embargo, dicha funcionaria remite respuestas a un cuestionario que, a juicio de la Fiscalía Electoral, constituyen una burla para el proceso de investigación que adelanta ese despacho.
La situación ha motivado que la Fiscalía programe para el 12 de mayo una inspección a los archivos de la Presidencia y advierta el peligro de aplicar medidas coercitivas a la funcionaria, en caso de incurrir en desacato.
En una anterior ocasión advertimos que en el manejo de fondos públicos no debe haber secretos y la adecuada supervisión de esos gastos evitarían problemas como los que hoy señalamos.
Si bien es cierto que las anteriores administraciones, tanto de dictadura como de democracia, han contado con dicha partida y nunca revelaron los detalles, los tiempos actuales reclaman transparencia y el ocultismo sobre el manejo de los dineros del Tesoro Nacional, no tiene cabida.
Al mismo tiempo, vale una llamada de atención al propio Tribunal Electoral, que al autorizar la participación de la mandataria en actos políticos, ha generado una serie de cuestionamientos que tienden a enredar la actual campaña política y hace peligrar la constitucionalidad.