Cuando el mandatario de turno llegó al poder en septiembre de 2004, una de las acciones más polémicas que decidió implementar fue la suspensión de los fuertes operativos policiales que mantenía entonces la Administración de Mireya Moscoso, en la denominada "Mano Dura".
Por todos lados salieron los defensores de los jóvenes maleantes, los cuales decían que ellos tenían derechos, que eran gente que necesitaba otra oportunidad y atención especial, que no se les podía poner presos sin causa judicial.
De allí apareció la "Mano Amiga". Se hicieron la serie de programas dizque para permitir que los pandilleros de Curundú, Chorrillo, Barraza, San Joaquín, San Miguelito y otros sectores fueran admitidos en la sociedad, pero imprevistamente se paralizaron los operativos represores. Se les pedía a los delincuentes dejar las armas, pero no se les daba alternativas educativas o empleos para abandonar los actos criminales.
Al cumplirse la mitad del mandato de Torrijos, ocurrió lo que todos esperaban. Un aumento inusitado de la violencia callejera, el incremento de secuestros, el robo de cajeros automáticos se convirtió en la moda en los asaltos, mientras que perecían tres niños inocentes a manos de un voraz incendio provocado por pandilleros en Curundú.
Ahora, ante la presión popular, Torrijos recula y dice que impondrá una reforma a la Ley 40 sobre los menores, para aumentar las penas a los jóvenes delincuentes a 12 años, además de continuar la retención de estos criminales noveles en penales de adultos.
De que se aplicará visado a los colombianos para evitar que sicarios del vecino país sudamericano o capos de la droga ingresen al Istmo.
Ante esto, viene una pregunta: Si fracasó la "Mano Amiga", ¿porqué sus defensores no fueron destituidos, a saber la ministra de Gobierno y Justicia, la de Desarrollo Social, junto con el director de la Policía Nacional?
Tantos discursos defendiendo a los menores, quedaron de repente en el olvido. Por decencia, ante el cambio de política gubernamental, si tuviera dignidad yo dejaría mi cargo público. Ah, pero en Panamá la palabra "renuncia" no existe en el léxico de los políticos.
Por desgracia, la ley de la fuerza es necesaria para poner orden en el país. Y mejor que ocurriera este cambio, pues podemos evitar el triste camino de violencia extrema que viven hoy en día los hermanos de Honduras, Guatemala y El Salvador con las pandillas "Maras".
Es urgente concentrarse en resocializar a los delincuentes. Estos aún tienen futuro, pero requieren de una atención especial. Se deben colocar centros de preparación laboral y académica que permitan a estos individuos una opción al salir a la calle después de cumplir sus penas. De lo contrario, volverá el ciclo de criminalidad en ellos.
Los panameños están perdiendo la fe en las promesas del Gobierno de Torrijos. Pese al anuncio pomposo sobre el combate a la delincuencia, la población istmeña ni siquiera se inmutó, sugiriendo que este tema irá por el mismo camino que los problemas pendientes del transporte público y el envenenamiento masivo de medicamentos.
"Ver para creer", decía Santo Tomás. Igual así estamos hoy todos los ciudadanos ante la medida anunciada por Torrijos. Y no es para menos. La incredulidad es evidente.
