El conflicto surgido entre personas que atienden a familiares de fallecidos, quienes pertenecen a funerarias locales y autoridades de la Morgue Judicial, ha llevado a cancelar la medida transitoria que no permitía que personas ajenas a la entidad, ingresaran.
La medida no permitía que personas que laboran en funerarias como otros que se encuentran en los predios de la Morgue Judicial ubicada en Ancón, entraran al recinto para ayudar a familiares de los fallecidos a hacer los arreglos de la vestimenta.
El director del Instituto de Medicina Legal (IMEL), José Vicente Pachar, aclaró que "lamentablemente" algunos funcionarios, que se dedican a actividades comerciales, realizan sus negocios en torno a lo que surge en la Morgue Judicial.
Unos 5 funcionarios: secretarias, asistentes de autopsias y de la morgue, fueron separados de sus cargos por incurrir en hechos de corrupción que se están ventilando en un proceso interno; otros 2 empleados fueron destituidos.
Pachar aclaró que los servicios que se prestan en la morgue son gratuitos, tomando en cuenta las disposiciones legales y el trato humanitario que se debe ofrecer a los familiares de las personas fallecidas.
El IMEL permitirá a los familiares hacer el proceso de inhumación en la morgue, bajo la supervisión de un miembro de la seguridad de la entidad.
"Tenemos información que se tomaban fotografías de los cadáveres dentro de la Morgue Judicial y que no había un manejo adecuado", reiteró Pachar.
La Ley 69 que regula al IMEL, no les permite recibir aportes económicos por la manipulación de los cadáveres.
