Los transportistas parecen ser los verdaderos hijos predilectos de todos los gobiernos. La administración Moscoso les otorgó préstamos por 30 millones para renovar y reparar su flota vehicular y ahora contempla concederle otro crédito para establecer sus propias estaciones de distribución de combustible.
Gran parte de los préstamos otorgados para comprar autobuses registran una morosidad al punto que el Banco Nacional se ha visto precisado a secuestrar esos vehículos y nombrar administradores, para tratar de recuperar los millones de balboas comprometidos.
Ahora, bajo el argumento del alto costo del diesel y la gasolina se pretende que el gobierno otorgue el financiamiento para que los dueños de autobuses entren en el negocio de la distribución de combustible y abaratar el precio de éstos.
La idea en si no es mala. Lo perverso es que los transportistas del área metropolitana han sido malapagas y peores administradores y así lo demuestra la experiencia. Ya sea a través de cooperativas o sindicatos, los resultados han sido desastrosos.
Hoy nos vienen con el cuento de establecer sus propias estaciones de combustibles, cuando todo el mundo recuerda la amarga experiencia de los centros de distribución de la FENACOTA, donde a cada rato se robaban el dinero de las ventas. Al final, esas instalaciones han desaparecido poco a poco o se han convertido en una sociedad anónima.
Los gobiernos no pueden adoptar medidas para favorecer a sectores en particular. Si se pretende reducir el costo del combustible, esas acciones deben favorecer a la colectividad, que al igual que los transportistas, se afecta diariamente con los altos costos del diesel y la gasolina.
Ya algunos candidatos presidenciales han propuesto reducir o eliminar el impuesto q ue se cobra por cada galón de combustible que se vende en el país, ¿porqué no explorar esa posibilidad?.
No podemos seguir creando casta de privilegiados en Panamá. ¡El Estado somos todos!